El desarrollo en ciencia y tecnología nos ha llevado a enormes avances en materia de salud, y a alcanzar una esperanza y calidad de vida nunca antes conocidas. Tenemos quirófanos 5G con cirugía robótica, impresión 3D de prótesis personalizadas, predicción de enfermedades antes de que se manifiesten e inteligencia artificial aplicada a la medicina oncológica personalizada. Por eso los ciudadanos, mayoritariamente, atribuyen a la ciencia  la mejora de las condiciones de salud y la consideran la manera más fiable de entender el mundo. 

Además los profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad y el compromiso de velar por la defensa del ejercicio adecuado a las buenas prácticas, protegiendo a los pacientes y a su entorno personal, familiar y social, de aquellas que no tienen el respaldo de la mejor evidencia científica disponible, y pueden suponer un riesgo para la salud individual o incluso para la salud pública, como los movimientos antivacunas o los negacionistas de la existencia de la COVID-19. 

Pero necesitamos trabajar con las autoridades sanitarias, los colegios profesionales, las sociedades científicas, las universidades, las asociaciones de pacientes y consumidores; para formar e informar a la ciudadanía, advirtiendo del peligro de abandonar terapias o medidas de prevención efectivas, retrasos o pérdidas de oportunidad de tratamiento, que amenazan la calidad y la seguridad de la atención y suponen un encarecimiento del proceso asistencial

La proliferación de información no contrastada, la publicidad engañosa, la hiperconectividad y los nuevos canales de comunicación, especialmente redes sociales, han favorecido la difusión y amplificación de bulos sanitarios, por eso es tan importante contribuir a conseguir una sociedad más participativa y empoderada, que identifique y acuda a fuentes acreditadas para tomar con libertad las decisiones sobre su proceso de enfermedad.